El manifiesto consiste en una puesta en común y declaración de intenciones en torno al cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la Morosidad en operaciones comerciales, haciendo extensible las conclusiones a todos los proveedores y clientes del sector.
Según comunican en el texto, “ante la práctica habitual que hemos venido observando en torno a los plazos de pago establecidos reglamentariamente, nos vemos en la obligación de manifestar que el éxito de la precitada Ley depende de que las grandes empresas asuman su cumplimiento y sean las primeras, junto con el Estado, en respetar los plazos de pago que ésta marca.
El tiempo transcurrido desde su aprobación hasta ahora ha demostrado que ese grado de compromiso no es ni mucho menos mayoritario en estos casos. Mientras tanto las pymes, con menos liquidez, menos posibilidades económicas y financieras y menos poder de presión, sí aplican los plazos que la Ley marca para realizar sus pagos. La combinación de ambos factores ha contribuido a un mayor ahogamiento de las pequeñas empresas, justo todo lo contrario de lo que pretendía la Ley”.
La Junta Directiva de Agrefema denuncia esta situación y aboga por el cumplimiento de la norma en su integridad, iniciativa a la que deben sumarse la totalidad de las empresas, y reclama especialmente a la gran empresa el pago en el plazo máximo establecido y no en el que ella quiera imponer a sus proveedores, empresas de mucho menor tamaño.
Esta denuncia debe servir de ejemplo en todos aquellos casos en los que este incumplimiento se está poniendo de manifiesto, de tal manera que se ponga freno a toda situación de incumplimiento de la norma.
“El presente manifiesto”, continúan los responsables de la entidad gremial, “tiene como principal objetivo promover el cumplimiento de la legislación vigente relativa a los plazos de pago, e impulsar iniciativas para reducir la morosidad. En este sentido, el pasado 22 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el RD Ley 4/2013 qué entre otras materias incluye, la transposición a la legislación nacional de la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de Medidas de Lucha contra la Morosidad, estableciendo 30 días como plazo general de pago, ampliable por acuerdo entre las partes a un máximo de 60 días.
La aprobación de la norma, dentro de los límites de plazo marcados por Europa, es un hecho de relevancia extraordinaria para la economía y la liquidez de las pymes y autónomos españoles, por lo que nos felicitamos y agradecemos el esfuerzo por todos realizado en este sentido.
El objetivo final es conseguir unos plazos de pago razonables en España, que nos permitan competir con nuestros vecinos europeos más avanzados, donde un plazo de pago de 30 días es lo habitual”.

Más información: www.agrefema.org