Los estados pertenecientes a la Unión Europea deberán votar a favor o en contra del pesticida más usado del mundo mientras que la CE pretende reducir el uso de estas sustancias un 50% de cara al 2023.

El glifosato es uno de los pesticidas más usados a nivel internacional pese a que su utilización es controvertida desde el inicio de su comercialización en 1974. Una de sus principales causas de polémica reside en sus posibles efectos nocivos para la salud y las consecuencias contraproducentes a nivel medioambiental. Monsanto perdió la patente en el año 1994 y este hecho propulso su producción en países como India y China.

La Comisión Europea deberá tomar una decisión antes de que termine el año sobre si prolongar la autorización del uso del glifosato por cinco o diez años más. El organismo se ha mostrado partidario de la renovación, pero los países de la Unión tendrán la última palabra a través de sus votos. La decisión se tomará en un momento en el que la propia Comisión pretende reducir el uso de pesticidas un 50% en un marco de siete años. Por el momento, Alemania ya ha anunciado que retirarán del mercado esta sustancia.

Respecto a los países que están a favor, centran sus argumentos en el hecho de los agricultores se enfrentarían a costes muy elevados sin su uso. Lucía Argüelles, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya defiende que "Es el momento de hacer una buena política agraria europea que incluya un cambio tecnológico que permita una reducción masiva del uso de pesticidas. También hay que prohibir la importación de alimentos tratados con ciertas sustancias, así como la producción de pesticidas y posterior exportación a terceros países. No se trata de que la producción contaminante se traslade a otros lugares. El debate y la práctica científica sobre los impactos del glifosato han mostrado claras debilidades y fallos. Ha habido prácticas muy perniciosas, como estudios publicados con financiación de las empresas agroquímicas y mucha ambigüedad en general".

Argüelles añade que "Las principales dudas de los estados miembros son si cada país va a ser capaz de hacer una transición a una agricultura diferente, sin grandes pérdidas económicas y sin un enfado masivo por parte de los agricultores”.