“Si no se encuentra rápidamente una solución veremos un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB”, advierten desde la entidad.

La Alianza de Comercio y Hostelería de España, de la que forma parte la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB), propone solicitar un acuerdo de sector en el que estén implicados los comerciantes/arrendatarios y los propietarios/arrendadores, junto con el Gobierno Central y el resto de las Administraciones Públicas, para “repartir-equilibrar” las consecuencias del incremento desbocado del IPC en la viabilidad del sector del comercio, han informado a los medios a través de un comunicado de prensa.

En estas condiciones, la viabilidad del comercio de nuestro país resulta imposible, ya que el incremento de los gastos provoca que muchos comercios obtengan márgenes negativos y “si no se encuentra rápidamente una solución -advierten- veremos un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB, además de dejar a los ciudadanos sin los servicios ofrecidos por el comercio en los pueblos y ciudades de nuestro país”. 

Por todo ello, la Alianza propone una medida extraordinaria de reequilibrio de las condiciones, consistente para los arrendatarios en la aplicación inmediata, y durante el año 2023, de un incremento máximo del 2%, en la actualización de la renta de los contratos vigentes, así como en las condiciones para 2023 de las prórrogas de contratos existentes o de nuevos contratos. De la misma manera, solicita para los arrendadores el establecimiento de incentivos fiscales (en la dirección de deducciones fiscales) sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado y el “teórico” que se hubiera imputado con el IPC que le correspondiera.

Además, la Alianza insta de nuevo al Gobierno a elaborar una ley de arrendamientos urbanos específica para regular el sector inmobiliario comercial, que incorpore la cláusula rebus sic stantibus y que prevea un modelo de cálculo para la actualización de las rentas basado en un indicador distinto del IPC, como se está ya aplicando en otros países europeos.

La Alianza de Comercio y Hostelería hace extensiva su invitación a secundar esta iniciativa al resto de organizaciones afectadas por la situación actual, cuyo objetivo es salvar el cierre de decenas de miles de establecimientos, impedir la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y atajar el posible deterioro de la economía española. 

Los sectores del comercio y hostelería de España siguen siendo los de mayor aporte al PIB y al empleo de la economía española y demuestran a diario la validez de su estructura sectorial, geográfica y de servicio para mantener un nivel de servicio a los ciudadanos, independientemente de su condición social o geográfica.