ADFB, ANCECO, FECE y los sectores de bienes de baja rotación asociados a CEC han firmado una declaración conjunta dirigida al Gobierno para solicitar que los sectores que comercializan bienes y productos de baja rotación sean defendidos.

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) ha votado la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que pretende derogar la Directiva 2011/7/UE que ha actuado como normativa marco contra la morosidad durante los últimos años. Una vez aprobada la propuesta por la Comisión IMCO continuará su tramitación en el pleno del Parlamento Europeo.

La Directiva 2011/7/UE, en vigor, reconoce la heterogeneidad de los diversos sectores económicos en función de sus propias especialidades y estructuras económicas. Esta flexibilidad, de aprobarse la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea, se perdería, pues, una vez aprobada la norma, sería de aplicación directa a todos los sectores y en los ordenamientos jurídicos nacionales.

La medida más polémica de la nueva propuesta normativa de la Comisión Europea es la reducción de los plazos de pago a 30 días para todas las operaciones comerciales.

La Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB), la Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios (ANCECO), la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) y los sectores de bienes de baja rotación asociados a la Confederación Española de Comercio (CEC) han firmado una declaración conjunta en contra de esta normativa para solicitar ayuda al Ejecutivo nacional.

El presidente de la ADFB, Guillermo Leal, manifiesta que “los sectores de baja rotación somos los más perjudicados por esta medida” y añade “confunden morosidad con libre negociación de los plazos de pago y crean un problema donde no lo hay, ya que en el sector de la ferretería y el bricolaje, por ejemplo, el nivel de morosidad hoy es prácticamente nulo“.

Por su parte, para el secretario general de FECE, Alfredo Gosálvez, señala que “un plazo de pago único y tan estricto para todos los casos perjudicaría gravemente a las PYMES y a los comercios de proximidad, penalizando además al comercio físico en beneficio de los marketplaces que están sometidos a menor regulación”.

Los afectados consideran que “la reducción de los plazos de pago provocaría graves consecuencias para los sectores españoles de bienes de baja rotación como la pérdida de competitividad de nuestras empresas, la falta de financiación, la reducción de stocks o la fragmentación de pedidos”. Además, la presidenta de ANCECO apunta que “la pérdida de competitividad que supondría la aplicación de esta medida afectaría a la economía de todos los estados miembro, ya que produciría una evidente desviación de liquidez a países fuera de la UE que no estén obligados a plazos de pago tan reducidos”.

Los firmantes de la declaración continúan explicando que “no se puede combatir la morosidad atacando los plazos de pago, ya que este es solo uno de los múltiples elementos que conforman una operación comercial. La negociación de los plazos de pago no solo otorga certidumbre al proveedor sobre la fecha en que recibirá el cobro, sino que a ambas partes les dota de la flexibilidad adecuada para hacer frente a sus necesidades de financiación”.